El 18 de Octubre comenzaron oficialmente en Oslo, Noruega, las negociaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno del mismo país. Un acuerdo de paz maduro y sostenible es lo que se pretende lograr con este proceso que ya es el segundo que se hace desde que comenzó el conflicto hace casi 50 años. El próximo encuentro se realizará en La Habana, Cuba el 15 de noviembre.
Son cinco los puntos los que tratarán los delegados de ambas partes durante las tres etapas que tendrá el proceso. Iván Márquez, número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es el vocero de la guerrilla comunista y Humberto de la Calle, representa el Gobierno de Juan Manuel Santos. El hecho de que la agenda sea limitada y que cuente con apoyo internacional -Noruega y a Cuba serán los garantes y Venezuela y Chile los acompañantes- ha generado cierto optimismo. Demostrar que Colombia es un país emergente –y no sólo por su economía- es una de las más grandes expectativas.
«Ojalá que siga avanzando el proyecto de pacificación de Colombia», afirmó el presidente venezolano Hugo Chávez el pasado viernes durante un consejo de ministros celebrado en el palacio presidencial de Miraflores. Ese mismo día el empresario venezolano Gustavo Cisneros aseveró que el tema del naciente proceso de paz–cuyas conversaciones exploratorias comenzaron en secreto desde febrero de este año- había sido analizado en el XIII Foro Iberoamérica realizado en Cartagena con los “cacaos” más influyentes del continente y expuso que el proceso “se tomó en términos muy positivos y (…) de apoyo moral para todo el pueblo colombiano».
El papel de los medios de comunicación esta vez juega un papel fundamental. Prudencia es lo que más se les ha exigido. En este contexto, las FARC se pronunció el viernes pasado, pidió a los medios no descontextualizar las informaciones y afirmaron: “La discreción no puede ser sinónimo de secreto”.
Ahora bien, el grupo guerrillero llega a la mesa de negociación después de haber recibido golpes significativos. No sólo cinco de los siete miembros del Secretariado han fallecido o sido abatidos –Tirofijo, Raúl Reyes, Iván Ríos, el Mono Jojoy y Alfanso Cano-, sino que importantes cabecillas de la segunda línea de mando fueron ya eliminados o capturados, entre ellos Simón Trinidad, quien quizás participe en el proceso desde la cárcel en Estados Unidos vía telefónica. En este contexto, Elda Neyis Mosquera García, alias Karina –la ex guerrillera jefe del frente 47 de las FARC que opera en la zona cafetera del país- mostró el pasado viernes un optimismo moderado frente al proceso y dijo: “Ojalá que en esta ocasión no haya más dilación de cualquier proceso, sino que de verdad las FARC vean el interés del pueblo colombiano que está anhelando realmente la paz”. Por su parte, el político Antanas Mockus, aseveró que las FARC son muy “poco populares” y que viven un momento de “deslegitimación”.
Los cinco puntos del proceso
El desarrollo agrario es el primer punto a analizar en Cuba. Ésta es “una causa histórica de la confrontación”, dijo Márquez en el discurso en Oslo. Lo que exigen y reclaman las FARC es redistribución de tierras y apoyo para las comunidades campesinas pues, como dijo el vocero del Grupo en el discurso en la capital de la paz, “la titulación tal como la ha diseñado el actual gobierno es una trampa”. Según el grupo guerrillero al Gobierno sólo le interesan proyectos para aumentar la economía de las oligarquías colombianas. Al respecto el presidente se pronunció un día después del discurso –el pasado viernes 19- y afirmó: «Estamos devolviéndolesla tierra a los campesinos,no importa de dónde vengan los victimarios, pueden ser paramilitares pero también la guerrilla. La guerrilla desalojó a muchos campesinos y a esos también les vamos a devolver sus tierras”.
En cuanto a la participación política –otro de los puntos que se deberán analizar- la dificultad radica en que la legislación colombiana no permite hacer política a quienes tengan requerimientos con la justicia. Ahora, incluso si se les aprobara con el Marco Jurídico para la Paz –que excluye sólo a responsables de crímenes de lesa humanidad-, los guerrilleros tendrían que cumplir con los requerimientos internacionales. A esto hay que sumarle que lo que han dejado claro los integrantes del grupo guerrillero es que no irán a la cárcel.
El tercer tema del acuerdo preliminar se refiere al cese definitivo del fuego, “la dejación de armas” y “la reincorporación de los combatientes” de las FARC a la vida civil. En este contexto, el Gobierno ha dejado claro que no se suspenderán las operaciones militares hasta que el acuerdo definitivo se haya firmado. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, aseveró a finales de la semana pasada en el sexto Foro de la Competitividad de las Américas en la ciudad de Cali (Colombia): «Ya no es una negociación de paz con despeje (desmilitarización) de territorios, con cese el fuego, por lo tanto la acción de los grupos armados se mantienen sin contrarrestar”, haciendo alusión a las pasadas negociaciones que se llevaron a cabo en el Caguán durante el mandato del presidente Andrés Pastrana.
El problema de las drogas ilícitas es el cuarto punto de la agenda. Las FARC han negado que éstas sean su principal fuente de financiamiento pues afirman no tener nada que ver con la cuestión del tráfico y las cadenas de producción, procesamiento y exportación y que lo que sí hacen es cobrar «un impuesto en las áreas donde se produce la coca» a los comerciantes que «entran a vender y a comprar la coca ahí para la reventa».
El último punto de la agenda es las víctimas. Respetar el derecho de éstas a la verdad, la justicia, la reparación y a la no repetición es la base fundamental de uno de los temas más complejos del acuerdo, según análisis de expertos. «Las FARC deben darle la cara a las víctimas», afirmó enfático de la Calle. El problema es que –como se dijo anteriormente- las FARC quieren impunidad total. “No hemos cometido crímenes contra el pueblo”, indicó Iván Márquez. En este contexto, el Gobierno deberá impedir que se repita lo que sucedió con el proceso de paz que se hizo con los paramilitares en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, donde hoy –después de aprobada la Ley de Justicia y Paz- hay pocas sentencias contra ex paramilitares y no ha sido efectiva la colaboración de los desmovilizados con el esclarecimiento de los hechos criminales.
Hasta ahora cada parte ha demostrado que tiene una concreta voluntad y un evidente deseo por no abandonar la mesa de negociación hasta que ésta sea satisfactoria. Hay razones para ser optimistas y otras para desconfiar de la asertividad del proceso y de lo que vendrá después. Tanto el Gobierno como el grupo revolucionario, aunque pretendan encontrar un punto medio, son radicales en su posición.
Carolina González delgado 