El Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha pedido que se investiguen a profundidad los hechos ocurridos el pasado martes 14 de febrero cuando un incendio en la Granja Penal de Comayagua, a 57 kilómetros de Tegucigalpa -capital del país-, terminó con la vida de 355 presos a las 22:55 horas. La Organización de los Estados Americanos (OEA), por su parte, ofreció ayuda penitenciaria para el Gobierno de Honduras. La institución aseguró que está en condiciones de proporcionar ayuda inmediata en el ámbito de la gestión penitenciaria y en procesos de rehabilitación y reinserción social de reclusos. En este contexto y a petición del Gobierno hondureño, un equipo especial de expertos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, también será partícipe de la investigación.
Aunque se desconocen las causas del siniestro algunos familiares de los fallecidos -de los cuales todos son presos excepto una mujer que pasaba la noche en la cárcel- aseguran que hubo “mano criminal” y le atribuyen la culpa a los guardias y al director del centro penitenciario, en donde estaban recluidos más de 800 presos, casi el doble de su capacidad. Por su parte, las autoridades sos- tienen la hipótesis de que el siniestro se debió a un cortocircuito o a la quema de un colchón. El presidente del país, Porfirio Lobo, ordenó el miércoles pasado la separación temporal de los cargos a los funcionarios responsables del área de la prisión para impedir interferencias en la búsqueda de los culpables.
Nelly Baca, familiar de uno de los fallecidos, de 22 años de edad, manifestó: “Eso de que prendieron fuego a un colchón no se lo cree ni un tonto, porque eso no es algo para que se hubie- ran quemado tantas personas”. Asimismo, Angelina Raudales, esposa de uno de los fallecidos, afirmó: “los guardias los dejaron morir”. Y dijo además: “¿Cómo va a creer usted que se van a morir más de 350 personas así como así? (…) ¿A dónde estaban los guardias que tenían las llaves? Nosotros pagamos sus salarios a esos haraganes”. Juan de la Cruz Baza, padre de otro de las vícti- mas, comentó que los familiares de los reos tienen previsto presen- tar una demanda contra el Estado y dijo que el presidente del país debería estar allí viendo su sufrimiento en vez de estar mandando representantes.
Algunos sobrevivientes aseguran que los vigilantes no quisieron socorrer a los presos creyendo inicialmente que se trataba de un intento de fuga. En esto coincide Leonel Silva, Jefe de bomberos de Comayagua, quien le dijo a Europa Press, según el periódico El País, que encontraron problemas para entrar. “Llegamos diez minutos después de que comenzó el incendio a la cárcel pero no entramos de inmediato porque los guardias nos lo impidieron”, declaró Silva.
“Fue algo horrible, una pesadilla”, así describió Chicas, uno de los sobrevivientes, de 40 años, la tragedia penitenciaria más grande en Latinoamérica en los últimos 25 años. “No sé cuánto tiempo pasó, rompimos el techo y salimos, pero vimos cómo morían en el módulo de enfrente. Querían salir, pero estaba cerrado el portón. Todos murieron, fue algo horrible, una pesadilla”, explicó el hombre.
Reynerio Guerrero, otro superviviente, afirmó que se salvó de “puro milagro” porque estaba trabajando –junto con otro grupo de presos- en una granja porcina y agregó: “no podíamos hacer nada”.
La entrega de los cadáveres de las víctimas que murieron asfixiadas y/o quemadas en el incendio ya comenzó. Sin embargo, varias familias se quejan por la lentitud del proceso.
Carolina González delgado 